El Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal Enrique Vásquez, inició la investigación en octubre de 2024, estableciendo que la organización criminal habría operado desde 2016-2017 haciendo uso de usurpación de identidad, créditos falsos y reiteradas estafas que dañaron gravemente el sistema financiero. Durante la pesquisa se detuvo a un total de 41 personas, de las cuales 22 llegaron a ser formalizadas. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de todos los involucrados, medida que el tribunal aplicó a 15 acusados, entre ellos los líderes del clan familiar y un funcionario judicial, mientras que los otros 7 se encuentran sujetos a arresto domiciliario, parcial o total. En la audiencia se presentó una apelación verbal respecto a dos de los imputados, quienes continuarán privados de libertad hasta que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre el caso. Además, se constató que cuatro de los acusados contaban con antecedentes penales por delitos como tráfico de drogas y robo en lugar habitado, y uno de ellos estaba bajo medidas cautelares por participar en carreras clandestinas en Temuco. Las posibles sentencias serán proporcionales a la participación de cada implicado, siendo que el delito de lavado de activos conlleva penas superiores a 5 años y un día, y tanto las estafas reiteradas como la obtención fraudulenta de créditos pueden acarrear sanciones de similar magnitud. Entre las víctimas se encuentran bancos, financieras automotrices y particulares víctimas de usurpación de identidad, aunque aún no se ha determinado un número exacto. El fiscal Vásquez subrayó la importancia del hallazgo, afirmando que se comprobó la existencia de una estructura criminal de tipo piramidal que operó durante años en La Araucanía, impactando significativamente la confianza en el sistema financiero.
Autor: Jorge Rojas